A los poderes constituidos y a la opinión pública

 

 

 

                El Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) ha visto con enorme preocupación un conjunto de órdenes de aprehensión judicial, entre ellas a la ex Presidente Constitucional Jeanine Añez. Son conocidas las circunstancias accidentadas en la que ocurrió esa transición presidencial en noviembre del 2019, luego de las denuncias de fraude y la auditoría pedida y aceptada como vinculante por el gobierno de ese entonces a la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció el conjunto de irregularidades y “manejo doloso” recomendando su anulación y nueva convocatoria.

 

                Como el rechazo al gobierno encabezado por Evo Morales era creciente, esa escalada luego de tres semanas de los comicios generales culminó con la renuncia pública del binomio presidencial, seguida de las dos presidencias de las respectivas Cámaras de la Asamblea Plurinacional, establecidas para la sucesión en la Constitución, y la del 1er Vicepresidente de la Cámara de Senadores. Es verdad que la convulsión social ya estaba en curso y se desbordaba de lo que inicialmente fue una protesta pacífica y sostenida, pero amenazaba un enfrentamiento de proporciones. En esas difíciles circunstancias la senadora Jeanine Añez aceptó hacerse cargo de la Presidencia del Estado en su condición de 2da. Vicepresidenta del Senado, ante la peligrosa vacancia de esa alta magistratura decisiva para el orden constitucional. Constan sendas declaraciones en medios audiovisuales, que hoy han vuelto a circular, donde la todavía presidente del Senado, Adriana Salvatierra, explica que su decisión de renunciar a esa sucesión estaba acordada con el Presidente renunciante, luego de casi 14 años en el cargo junto al también renunciante Vicepresidente que acompañó esos prácticamente tres periodos, por encima del mandato constitucional de solo dos periodos continuos y un referéndum que ratificó dicho límite (el 21 de febrero del 2016).

 

                Todavía hubieron desórdenes y lamentables muertes que se produjeron por las protestas, el enfrentamiento callejero y la intervención policial y militar, antes y después de ocurrido el cambio presidencial y que se suman a pérdidas materiales públicas y privadas, producto del vandalismo desatado en ese contexto. El recuerdo doloroso de ese luctuoso momento nos mueve a este pronunciamiento.

 

                Con sentido de responsabilidad de quienes asumieron la titularidad de los poderes del Estado, entre ellas la presidente del Senado Eva Copa, y las instituciones mediadoras, se logró la pacificación y se convocó, mediante ley con voto unánime de ambas cámaras legislativas, a nuevas elecciones acompañado de pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional. De manera que no es sostenible el relato del golpe de estado.

 

                En el presente, instamos al gobierno a cesar las acciones que se apartan claramente del respeto al debido proceso, en el marco del uso absolutamente discriminador de la amnistía presidencial a unos, sus partidarios, y el despliegue punitivo para sus rivales. Pedimos que se establezca una investigación rigurosa e imparcial, con la consiguiente sanción a quienes resultaren responsables de delitos, en los estándares de respeto a los derechos de los acusados, cualquiera sea su posición política. También sabemos que el aparato judicial del país tiene enormes dificultades para cumplir con entera solvencia sus funciones con independencia del órgano ejecutivo. Por eso es que no se puede excluir el concurso de misiones internacionales con solvencia en el tratamiento y respeto a los derechos humanos y tampoco referirse en forma inamistosa a esos buenos componedores, Iglesia Católica incluida, que nos ayudaron a evitar mayor violencia.

 

                Las elecciones de octubre del año pasado dieron un resultado a favor del MAS. Las recientes, en el ámbito subnacional, han generado cierto equilibrio, aunque no concentrado en una única fuerza política, expresando una voluntad generalizada de convivencia entre opciones plurales, propias de una sociedad democrática. ¡No la destruyamos!

 

 

La Paz, 17 de marzo del 2021.