El Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES-UMSA), ante la emergencia que vive nuestra sociedad por la pandemia del COVID-19, plantea la siguiente reflexión sobre la necesidad de una agenda de transformación de la Universidad pública, de la que somos parte, de acuerdo con las circunstancias que atraviesa el mundo y el país.
El mundo ante la mayor crisis contemporánea
La extensión y profundidad de la crisis que está afrontando la sociedad humana ante la pandemia del coronavirus no tiene precedentes. No porque anteriormente la humanidad no haya sufrido embates parecidos, sino por las condiciones en las que actualmente se lo enfrenta. Crecimiento poblacional que ha engrosado sobre todo las ciudades, algunas de ellas tan grandes que no pueden gestionarse. Crisis ambiental, cuyos efectos parecen ser parte esencial de este grave problema. Nacionalismos y su correlato racista que desoyen el clamor de una mejor vida de migrantes que transitan no solo del campo a la ciudad sino de región a región, de continente a continente, afectados por la pobreza o por cruentas guerras alentadas por intereses imperiales. Disputas geopolíticas que ponen en entredicho logros alrededor de la integración internacional y sus medios institucionales, construidos contra viento y marea después del holocausto de las guerras mundiales y regionales. Tres décadas de neoliberalismo y de financiarización de la economía, que han conducido a la crisis del Estado del bienestar, reduciendo drásticamente su capacidad para redistribuir la riqueza. Colapso de la sociedad industrial que se arrastra desde los años 70, agudizado desde la crisis del 2008, con consecuencias dramáticas en la profundización de la desigualdad, la reducción del empleo y el deterioro de los servicios de protección social, especialmente de salud y de cuidados. En los hogares, la pandemia agrava no solo la sobreexplotación de las mujeres, sino la violencia feminicida que se ejerce sobre ellas. Los niños y niñas tampoco están a salvo, como no lo están las personas adultas mayores, hoy en su mayor momento de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, también es indiscutible que la pandemia arriba en un escenario de conquistas que hace un siglo eran insospechadas. Desarrollo del conocimiento en todos los campos de la ciencia, con grandes posibilidades de mejorar la vida y el cuidado del entorno; presencia de movimientos globales por el medio ambiente; lucha de los pueblos indígenas por sus derechos; movimiento feminista y sus propuestas con relación al cuidado de la vida. Conquistas que forman parte de una agenda que expresa los anhelos de una sociedad más igualitaria, respetuosa de la diversidad cultural y con equidad, y que intenta restablecer la relación humanidad-naturaleza, todo ello en un mundo ampliamente interconectado, tanto por el flujo poblacional como por el vertiginoso desarrollo de las redes sociales o TICs. Es decir, pesos y contrapesos que hacen de la persistencia de la condición humana y natural, la posibilidad de un nuevo mundo y de una nueva vida. Día tras día, la invocación a repensar lo que somos, lo que hicimos y lo que podemos hacer abre los cauces de una reflexividad sin la arrogancia antropocéntrica ni racionalista sobre la cual se ha erigido un modelo de desarrollo a todas luces en pleno deterioro y colapso.
Las especificidades y desafíos del país
A casi 200 años de su creación, las estructuras históricas del país se han transformado ampliamente en el nivel político, pero no a nivel social. Si bien las conquistas más importantes de la revolución de 1952 se han ampliado en los últimos 25 años –y junto a ello, a pesar de sus altibajos, se ha logrado preservar la democracia–, las bases de integración nacional tienden a menoscabarse debido a la persistente pobreza y malestar de las poblaciones indígenas sin disponibilidad de medios de poder, especialmente educativos. Nuestra dependencia económica de los recursos naturales ha contribuido a edificar una sociedad rentista que impacta sobre parques nacionales y territorios indígenas, despojándolos de sus medios de vida que incluyen su riqueza cultural. Además, se ha precarizado la relación campo-ciudad, en desmedro de los pequeños productores campesinos, agropastoriles y de recolección, de importancia fundamental en la producción de alimentos. Con relación a la condición de las mujeres, nuestro país está entre los que tienen mayores índices de violencia sobre ellas. Las condiciones de su penoso acceso a la salud han hecho de la mortalidad materna uno de los epicentros de nuestras carencias estructurales. Por el lado de los niños, a pesar de ser la franja poblacional más extendida en el país, es la menos atendida. En la mayoría de los casos, sus condiciones familiares les obligan a insertarse tempranamente a un mercado de trabajo informal cada vez más precario, conformado por el 70% de la población económicamente activa. En el contexto inmediato hay que añadir la cada vez más profunda polarización política en medio de la cual se debe administrar esta crisis sanitaria enfrentando un largo descuido en torno a políticas de salud pública; y sumar la crisis sistémica de la economía mundial, cuya envergadura y consecuencias desconocemos aún.
En esas condiciones, cada vez hay un mayor consenso en la sociedad para devolver la voz al conocimiento científico, venido a menos por el discurso de corrientes anti intelectualistas y especulativas. A pesar de las controversias en relación a la pandemia actual y al inevitable hecho de que tan solo existen hipótesis en torno a ello, las expectativas de que se encuentren los medios para mejorar el desempeño del sistema de salud ponen la mirada en la capacidad de la ciencia para responder a los riesgos y peligros planteados. Si bien estos tendrán que atenuarse en algún momento, sin duda nos habrá dejado marcados por el estupor de esta experiencia, pero también por la necesidad de establecer las condiciones de una deliberación amplia y certera acerca de la sociedad que queremos ser y en la que queremos vivir. Ese será, más que nunca, el momento de la Universidad pública en el país, como lo fue cuando sacó a relucir su enorme predisposición política por la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Hacia una agenda de transformación de la Universidad pública
La agenda universitaria tiene desafíos inmensos de cara a resolver las interrelaciones entre ambiente-salud-economía que le plantea la situación actual. Para enfrentarlos, la Universidad tiene un reto a corto plazo, que es sortear los efectos que resentirá como efecto de la crisis económica agudizada por la pandemia. Ello debe ser enfrentado, desde el Estado y la Universidad, no solamente como un mero problema administrativo, sino con base en la responsabilidad histórica que todos los actores tenemos con el país; en este caso la respuesta deberá estar tutelada por la necesidad de poner por delante al conocimiento como bien público. Hacerlo supone situar en el centro de nuestro quehacer a la investigación como fuente de la formación universitaria; generar las necesarias interacciones entre campos especializados de conocimiento, en pos de la multidisciplina; abrir el espectro de capacidades ya desarrolladas para fortalecer los quehaceres de los institutos de investigación; dotarlos de recursos humanos y equipamiento suficiente para el cumplimiento de sus funciones; garantizar medios para que los estudiantes lo sean a tiempo completo; jerarquizar institucionalmente el nivel de postgrado, con sus propias particularidades y necesidades de desarrollo; asegurar el acceso pleno a fuentes de información y conocimiento que nutran la imaginación científica de investigadores, docentes y estudiantes; reconocer un mismo nivel de jerarquía entre las ciencias que se desarrollan en su seno; poner al aparato administrativo al servicio de la gestión académica, basada en la investigación.
Todas estas tareas no tendrán sentido si la Universidad pública no debate sobre los problemas del desarrollo y la relación humanidad-naturaleza. Es decir, si no hay una franca transición hacia los aspectos que contribuyen a una sociedad mejor, basada en el ejercicio pleno de los derechos humanos, culturales y ambientales. Esto es, pensar en una matriz de sostenibilidad, con capacidad para garantizar bienestar material y subjetivo al conjunto de la población, con equidades de toda índole, desde las regionales, pasando por las de género y encallando en las culturales, con memoria histórica y principios de cuidado de la naturaleza. Con servicios básicos para todos y con una educación vinculada a la vida y a las capacidades creadoras, que nos acerque a las grandes transformaciones tecnológicas que son imprescindibles. Un país con empleo digno, que respete a las mujeres, que garantice una vida de plenitud a la infancia, la adolescencia, a la juventud y los adultos mayores. Un desarrollo que nos recuerde que formamos parte de las formas vitales de la naturaleza y que sin ellas no existe humanidad posible. Un desarrollo sostenido en un adecuado desempeño institucional, con correlaciones políticas que no se niegan entre sí, respetando la norma y haciéndonos responsables de nuestras obligaciones. Que ratifique la necesidad de que nuestra sociedad cuente con instancias institucionales con capacidad de interacción crítica, no solo en materias técnicas y tecnológicas donde suele haber un rezago ostensible, sino en la comprensión del tiempo axial que vivimos. Que permita al país una interacción con el mundo sin complejos, preservando nuestra soberanía, pero sin encierros. Con capacidad para co-edificar la pluralidad civilizatoria con el aporte de nuestro conocimiento situado, solidario y entre iguales.